Daniela Malpica Neri / Nexos
El 13 de abril, Andrés Manuel López Obrador declaró tras una
reunión con obispos católicos en la sede de la Conferencia del Episcopado
Mexicano dos cosas: la primera, la apertura al diálogo con iglesias cristianas,
no cristianas, ministros, pastores de las iglesias evangélicas y los
representantes de todas las religiones, así como con la sociedad civil,
creyentes y no creyentes; y la segunda, que de ganar la presidencia el 1 de
julio, invitará al Papa Francisco al proceso de paz y reconciliación en México.
Añadió que el Papa ya ha estado involucrado en otros procesos de paz como las
relaciones entre Cuba y EUA y el proceso de paz en Colombia. Puntualizó que la
intervención del Papa puede ayudar a resolver el grave problema de inseguridad
y violencia que vive el país, por lo que a partir del 1 de julio abriría un
proceso de diálogo para reflexionar colectivamente sobre el problema de la
inseguridad y de la violencia. Finalmente, que debemos de enfrentar las causas
que desataron la inseguridad y la violencia.
Al respecto, AMLO también se ha manifestado a favor de las
amnistías, las cuales forman parte de los Mecanismos de Justicia Transicional,
los cuales hemos abordado aquí y aquí.
Debe destacarse que, de acuerdo con el Relator Especial
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición de las Naciones Unidas, los Mecanismos de Justicia Transicional
tienen entre sus objetivos principales ofrecer reconocimiento a las víctimas,
fomentar la confianza y reforzar el Estado de Derecho, prevenir la repetición
de las crisis y futuras violaciones de los derechos humanos, contribuir a la
construcción de la Nación, a la cohesión social y a alcanzar la
reconciliación.1 Recordemos que estos Mecanismos se aplican en países que sufren
o han sufrido un conflicto armado (internacional o interno), una dictadura y
que han sufrido violaciones graves masivas a los derechos humanos para
auxiliarlos a hacer la transición a la paz y a un Estado democrático.
Como sabemos, México se encuentra en una grave crisis de
derechos humanos, en donde tenemos incontables números de muertos, fosas, más
de 35 mil desaparecidos, un contexto de tortura generalizada, y en el que —a
pesar de llevar años sin poder encajar en la definición exacto de conflicto armado
no internacional— este año aparecimos en el “Reporte de Guerra y Conflictos
Armados 2017”, elaborado por la Academia de Derecho Internacional Humanitario y
Derechos Humanos de Ginebra, en el cual se señala que México sí podría estar
dentro del supuesto de conflicto armado no internacional, y que —a pesar de aún
sigue siendo debatible si es o no es— la forma de la violencia ejercida en
México no tiene precedentes, que el número total de muertos relacionados con
las guerra contra las drogas desde 2006, sobrepasa las 100 mil muertes, con 23
mil tan solo en 2016, y que estos números superan el total de muertes totales
de los conflictos armados mayores alrededor del mundo. Finalmente, indica que
tanto la manera de operar de los cárteles mexicanos como de las instituciones
de seguridad (de los tres niveles de gobierno), han tenido como víctimas a
poblaciones civiles y ha incrementado dramáticamente la tortura, las
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y que existe un estimado
de 311 mil víctimas de desplazamiento forzoso.
Al respecto, el Ministro de la Suprema Corte de la Nación
José Ramón Cossío señaló que de seguir por este camino y una vez que entremos
plenamente dentro de la categoría de conflicto armado no internacional, esto
tendrá consecuencias jurídicas, tales como “la aplicación del derecho
internacional humanitario, la aparición de misiones de revisión y control, la
posibilidad de ser enjuiciados por los órganos a los que soberanamente nos
hemos sometido”. Añadió, que “la disyuntiva es clara… o hacemos todo lo
necesario y en serio para autocorregir la situación, o las mantenemos hasta
propiciar el arranque de los mecanismos externos de corrección que hemos
asumido”.
En este sentido, es fundamental que la totalidad de la y los
candidatos a la presidencia asuman el reto y la responsabilidad de solicitar
ayuda internacional y de iniciar un proceso de reconciliación liderado a través
de Mecanismos de Justicia Transicional. No habría necesidad de esperar a estar
dentro de la clasificación de conflicto armado para solicitar e iniciar estos
procesos.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la declaración que ha
realizado AMLO respecto a la posibilidad de invitar al Papa Francisco a México
para colaborar en un proceso paz y reconciliación? Pues que los Mecanismos de
Justicia Transicional requieren contar con independencia, imparcialidad y
legitimidad, entre otras características. Al referirnos a legitimidad, no solo
es respecto a acomodarse a nuestro marco legal, sino a que sean reconocidos por
la sociedad mexicana como instituciones que cuentan con la confianza y
credibilidad de llevar a cabo su mandato y, con ello, estén en posibilidades de
coaccionar los cambios sociales y culturales que requerimos para reencontrarnos
como sociedad mexicana, terminar con el conflicto, repensar y modificar
nuestras instituciones (¿Qué ha salido mal? Pues para llegar al lugar en el que
estamos partimos de que no han funcionado adecuadamente y necesitamos saber qué
si funciona, qué no y transformarlo), y con esto, asegurarnos que está
situación no vuelva a suceder. Para ello, la participación de nuestros lideres
sociales es fundamental —religiosos, morales, artísticos, empresariales,
juveniles, indígenas, entre muchos, muchos otros— ello con la finalidad de
otorgar una voz de pluralidad y confianza al proceso, y porque muchas veces
éstos sí han estado donde los gobiernos han brillado por su ausencia.
Ante esto, diversos mecanismos que han sido implementados en
otros países han incluido a líderes religiosos y sociales reconocidos dentro de
las filas de sus mecanismos. Como ejemplo, podemos ver a la Comisión para la
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, en dónde se designo como su presidente al
Arzobispo Desmond Tutu;2 o la Comisión Nacional de personas Desaparecidas en
Argentina, la cual estuvo presidida por Ernesto Sábato, reconocido escritor y
activista, y entre sus filas contó con personajes como Carlos T. Gattinoni,
pastor protestante y activista; René Favaloro, un cirujano que creo una
fundación para asistencia médica durante el conflicto; Hilario Fernández,
presidente de la Universidad de Buenos Aires; Gregorio Klimovsky, un rabino de
la comunidad Judía y filósofo; Monseñor Jaime F. De Nevares, párroco de
Neuquén; Eduardo Rabossi, abogado y presidente de la Asociación Argentina de
Análisis Filosófico, y Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista y quien utilizó su
show para darle voz a los desaparecidos, sus familiares y exponer sus
necesidades.3 Si bien los procesos de reconciliación duran décadas y sus
efectos, consecuencias y luchas por reivindicación aun persisten, estas
Comisiones y sus reportes —a pesar de las conocidas fallas, errores y críticas
– fueron altamente aceptados y bienvenidos en ambas sociedades, y fueron pieza
fundamental para lograr que en sus países dejaran un pasado violento atrás y
regresar a un Estado Democrático.
En este sentido, es necesario recordar la influencia que han
tenido algunos lideres sociales de la Iglesia Católica en México, quienes ante
la ausencia del Estado y del apoyo e indignación ciudadana, han salido a llenar
este vacío y a mediar en situaciones y lugares de extrema violencia, conflicto
y a socorrer a las víctimas de muchas de las más graves crisis humanitarias que
hemos enfrentado en México. Basta recordar – entre seguramente muchos– al
sacerdote y activista Alejandro Solalinde, al párroco de Apatzingán, Gregorio
López Jerónimo durante el conflicto entre Los Caballeros Templarios,
instituciones de seguridad, y las autodefensas en Michoacán; al sacerdote
Gregorio López Gorostieta, quien fue víctima de la violencia contra la que
luchó en Guerrero y fue asesinado en este estado en diciembre de 2014, sin
olvidar que ya son varios sacerdotes que han muerto en estas condiciones, y
Fray Tomás González Castillo, quien trabaja también por a favor de las personas
migrantes en Tabasco.
Por último, debemos mencionar al padre Salvador Rangel,
obispo de Chilpancingo, Guerrero, quien ocupó el reflector público hace unas
semanas por hacer público que lleva dialogando con narcotraficantes locales
para prevenir la muerte de más personas de su Iglesia, la liberación de
sacerdotes secuestrados, y ahora para pedirles unas elecciones libres. Esto,
tiene relevancia si recordamos que en este periodo electoral, durante las
precampañas y campañas, esto es entre el 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril
de 2018, se han presentado 173 agresiones a personas candidatas y aspirantes a
puestos de elección popular en el país, y de éstas, 79 han sido asesinadas, el
último el de Maribel Bajaras, candidata por el Partido Verde Ecologista en
Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia y la guerra contra
las drogas. Ante la ausencia de autoridades que garanticen la seguridad de las
personas que contienden por un puesto de elección y de la ciudadanía, no sobra
que los líderes sociales —religiosos o no— intenten detener la violencia y
conseguir un poco de paz para sus comunidades.
Por ello, es urgente que como parte de la agenda de
seguridad, justicia y desarrollo, para las próximas décadas en México se
reconozca la gravedad del conflicto en el que hemos estado inmersos los últimos
12 años por la “guerra contra las drogas”, se instauré un proceso de paz y
reconciliación y se atiendan las causas de origen y estructurales que nos
alimentado este espiral de violencia.
La inclusión de líderes religiosos en este proceso de
reconciliación perfectamente puede coexistir y respetar que somos un Estado
laico. Para generar los cambios institucionales, sociales y culturales que
México requiere, es una necesidad que nuestros líderes sociales se informen
sobre el tema, se involucren y se sumen junto con las y los candidatos a
elección popular – la totalidad, y no únicamente aquellos contendiendo a la
presidencia, pues estos procesos no dependerán únicamente de ellos —a un
proceso de paz y reconciliación. Ante esto, la influencia de líderes religiosos
y sociales como el Papa Francisco no es meramente un coloquial —pan y circo
para el pueblo— sino una necesidad reconocerlos e involucrarlos por su profundo
potencial para generar un cambio social y cultural. Por ello, sí a la
invitación al Papa Francisco, y sí a que se realice un proceso de paz y reconciliación
en el país.
Daniela Malpica Neri estudió Derecho en la Universidad
Iberoamericana y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex.
Actualmente es directora general de Justicia, Reconciliación y Derechos
Humanos, A.C. (JUSRED).
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