Antonio
Maza
Un
gran tema, prácticamente abandonado en las campañas electorales que estamos
viviendo, es el de la impunidad. Hablamos de violencia, de crecimiento del
delito, pero no del elevadísimo índice de impunidad que padecemos. No decimos
algo muy fundamental: para reducir la impunidad habrá que gastar mucho dinero.
Como en otros temas, queremos que las mejoras nos salgan gratis. Ningún
candidato ha hablado de gastar más para reducir la impunidad.
Recientemente
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó el Índice Global de
Impunidad 2018, un excelente y muy bien documentado estudio sobre el tema. El
estudio es demasiado extenso para comentarlo a detalle aquí, pero hay datos que
son muy esclarecedores, por ejemplo:
La
impunidad ha crecido en el país y en la mayoría de los Estados.
El
número de jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes es menos de la
cuarta parte del promedio mundial y sigue disminuyendo en proporción.
Tenemos
la mitad de los policías preventivos de los que deberíamos tener como mínimo
El
número de agencias y agentes del ministerio público disminuye en proporción a
la población.
Por
supuesto que no basta con tener más personal. Queda por ver la calidad, la
capacidad, el entrenamiento de ese personal. Claramente no es sólo cuestión de
números, pero sin personal suficiente seguiremos teniendo altos índices de
impunidad.
“No
es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen
prioridades y de qué manera se implementan”, subrayó el rector de la UDLAP Luis
Ernesto Derbez al presentar este estudio. En la administración pública, un
índice claro de cuáles son las prioridades son los recursos que se les asigna.
Reducir
la impunidad va a costar mucho dinero. Más personal. Sustituir al personal que
no es apto, sea por corrupción o por ineptitud. Entrenamiento y equipamiento.
Nada eso sale gratis. Habría que preguntarnos, como ciudadanos: ¿Estamos
dispuestos a pagar más impuestos para tener menos impunidad? ¿O que nos
recorten otros servicios del Gobierno para dedicarlos a mejorar en este
aspecto? Podríamos preguntar también a los flamantes candidatos: ¿Están
dispuestos a arriesgar su capital político proponiendo más gasto público para
reducir la impunidad?
Yo
creo, tristemente, que ni la Sociedad ni el Gobierno estarían dispuestos a
gastar en reducir la impunidad. Los tribunales están colapsados, la policía
rebasada, los ministerios públicos son insuficientes y eso, tristemente, no es
un tema. Que bueno que UDLAP haya puesto el asunto sobre la mesa. Ahora no
podemos decir que no conocíamos la situación. Falta ahora enfrentarla.
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